Un juez penal de Santa Fe fue destituido por unanimidad por el Tribunal de Enjuiciamiento de esta provincia al considerar que no puede seguir ejerciendo su cargo por falta de idoneidad debido a que, entre otros casos, liberó a un imputado de abuso sexual porque, al momento de cometer el delito, argumentó que usó preservativo, informaron fuentes judiciales.
Se trata del ahora ex magistrado Rodolfo Mingarini, a quien un tribunal integrado por los seis miembros de la Corte Suprema de Justicia, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador provincial Armando Traferri y representantes de los Colegios de Abogados de Rafaela y Reconquista, lo destituyó con los votos de los diez integrantes.
La decisión se tomó tras el análisis de once fallos «faltos de justicia y reñidos con los principios de los derechos humanos y la perspectiva de género» y Mingarini enfrentó el juicio político tras ser acusado de «incumplimiento reiterado de obligaciones del cargo y de falta o carencia de otras aptitudes esenciales para el cumplimiento de la función judicial».
Según informaron los medios locales, el Tribunal admitió la postura de la Procuración, que sostuvo en el debate que Mingarini incurrió en el «incumplimiento reiterado de obligaciones del cargo y de falta o carencia de otras aptitudes esenciales para el cumplimiento de la función judicial», y en «ignorancia del derecho».
Mingarini estaba percibiendo la mitad de su salario desde septiembre, cuando fue suspendido en sus funciones al trascender los alcances de una audiencia de prisión preventiva en la que liberó con restricciones a un acusado de abuso porque le generó «duda» que se hubiera colocado un preservativo antes de cometer el hecho.
Ese fallo fue revocado por el juez Fernando Gentile Bersano, de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, por lo que el acusado fue encarcelado en julio y ahora aguarda el juicio oral en cuyo marco la Fiscalía pedirá 12 años de prisión.
Además Mingarini fue investigado por otras resoluciones en audiencias donde se definía la libertad o la prisión preventiva de acusados por abuso y por haber rebajado penas con argumentos como que no habían efectuado golpes al momento del abuso o por no haber poseído antecedentes penales.
