La interna de la Corte Suprema, la preparación de «carpetazos» y una intimidación a jueces que tienen que definir causas que involucran a funcionarios kirchneristas asoman como las primeras hipótesis de la profanación de las declaraciones juradas de al menos 24 jueces en una oficina del Consejo de la Magistratura.
El cuerpo, que recientemente volvió a funcionar con 20 integrantes por un fallo de la Corte, resolvió ayer «la intervención del área a la que le compete la guarda y registro de las declaraciones juradas», que quedó interinamente a cargo del secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller.
Los sobres que contienen información reservada y que fueron abiertos son 24, pero el propio Consejo reconoció que hay otros nueve –que están siendo auditados- que también podrían haber sido revisados.
Se trata de «anexos reservados de declaraciones juradas de magistrados y funcionarios de diferentes fueros y jurisdicciones de la CABA y de las provincias».
El Consejo resolvió «ratificar todo lo actuado por su Presidente y disponer la intervención del área a la que le compete la guarda y registro de las declaraciones juradas».
La causa judicial tramita ante el juzgado federal de Daniel Rafecas, con intervención directa en la investigación del fiscal Ramiro González, quien tiene delegada las pesquisa debido a que no hay ningún imputado por el hecho.
Fuentes judiciales consultadas sobre lo ocurrido deslizaron como hipótesis variadas que pudo tratarse de un gesto hacia el presidente del Consejo y, a su vez, de la Corte, Horacio Rosatti.
La Corte atraviesa un momento de tensión entre el ala mayoritaria que integran Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y el sector representado por Ricardo Lorenzetti.
Unos y otros cuentan con apoyos y simpatías repartidas entre los jueces de jerarquía menor y funcionarios de alto rango del Poder Judicial.
Otra de las hipótesis apunta a la elaboración de informes destinados a trascender interna y públicamente sobre la situación patrimonial de magistrados, con el objetivo de esmerilar aún más la confianza en el Poder Judicial.
«Imaginate si hubiera jueces a los que no les cierra ´el blanco ´ (su situación patrimonial confrontada con sus ingresos, ndr). Se podría instalar una sospecha de corrupción sobre los que tienen que juzgar causas de corrupción», especulan.
Esa teoría, que se insinúa como una posibilidad en sí misma, también es interpretada como un «mensaje» para jueces que en los próximos meses deben adoptar decisiones en causas que involucran a ex funcionarios del gobierno 2003 – 2015 y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Por lo pronto, el Consejo resolvió «proveer el pronto traslado de las estructuras de guardado de las declaraciones juradas a otro edificio del Consejo y robustecer los sistemas de seguridad que las preservan, a la vez que reconducirlos a las tecnologías vigentes», en el plazo de 30 días.
Ello podría significar que los anexos reservados dejarían de estar en formato papel, que se había decidido antiguamente -entre otras razones- para prevenir intromisiones informáticas y hackeos.
El Consejo evalúa «readecuar su cronograma de presentación» de las declaraciones juradas correspondientes al año 2021 y prorrogar el plazo hasta que se implementen las nuevas medidas de seguridad.
