El fiscal federal Diego Luciani abrió hoy la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos.
Luciani inició el análisis a partir de qué empresas ofertaron para cada llamado a licitación para concluir qué firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lázaro Báez, competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para «simular» la legalidad de la licitación.
No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitaciones, otras empresas que hubieran deseado competir, quedaron marginadas de pujar por quedarse con las obras.
Si bien habló de «direccionamiento» de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales.
El fiscal insistió en calificar como «ficción» a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución.
En ese sentido, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente.
«Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas», enfatizó.
Luciani anunció que volverá sobre la supuesta «incapacidad» de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación.
También aludió a los montos de «anticipos financieros» que fueron recibiendo las empresas de Báez en distintos tramos de la ejecución de las obras que le fueron adjudicadas.
«No podemos creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción», insistió Luciani.
