La secretaria de Energía, Flavia Royón, estimó hoy que a partir del proceso de segmentación de tarifas de servicios públicos, la masa de subsidios pasará del 2,2% del PBI al 1,6% el año que viene.
En su ponencia en la Cámara de Diputados en el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2023, la funcionaria anticipó además que está prevista la conclusión de la obra del gasoducto Néstor Kirchner para julio del año que viene.
«En este presupuesto 2023 de acuerdo al trabajo que hicimos con la segmentación, prevemos que los subsidios van a pasar del 2,2 del PBI al 1,6», dijo al participar de la ronda de expositores del Poder Ejecutivo en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller.
Según aseguró, la política energética para el próximo año estará enfocada» primeramente en el desarrollo del sector hidrocarburífero, después el desarrollo del sector eléctrico».
«Después diversificación de la matriz y el tema de eficiencia energética que también va a ser central en las líneas de acción el año que viene. Por último, redireccionar el tema de los subsidios», enumeró Royón.
Sobre el déficit comercial en energía, tranquilizó al señalar que «para el año que viene esto estamos previendo la terminación del gasoducto Néstor Kirchner para la sustitución de importaciones, ya que tenemos en cuenta el contexto geopolítico de alta incertidumbre que ha llevado a un alza de precios».
«En el marco de transición energética, el gas natural es el primer paso hacia la neutralidad en carbono y es lo que nosotros queremos impulsar y dentro de esta política energética, nosotros aspiramos a exportar nuestro gas. Para eso queremos avanzar primero en consolidar el autoabastecimiento que va a garantizar un gas para los argentinos a precios competitivos y para esto necesitamos obras imprescindibles en infraestructura», resaltó la secretaria de Energía.
Luego de la exposición de Royón, intervinieron diputados y diputadas para hacer planteos a la funcionaria sobre los temas referidos a su competencia.
La mendocina Jimena Latorre (UCR) se hizo eco de las implicancias de la política de segmentación tarifaria del Gobierno y al respecto aseguró que su aplicación tendrá como consecuencia que «los usuarios no residenciales, aproximadamente el 30% de la demanda, pierdan los subsidios y paguen la totalidad del costo de generación» y que el 30% de las familias -y no el decil más rico como dijeron en un principio- también lo pierdan y por lo tanto estarán en igual condición que el consumo industrial, que no recibe subsidios».
«Es decir, el 70% de la demanda pagará el costo de generación», lamentó la diputada opositora.