El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Carlos Liuzzi, ex subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, quien era investigado desde hacía una década por presunto enriquecimiento ilícito, ya que ingresó al cargo con un patrimonio de 256 mil pesos y se retiró siendo propietario de dos lujosos departamentos en Puerto Madero, campos en Mendoza y cocheras.
Martínez de Giorgi consideró en su fallo que no pudo determinarse si existió un «incremento apreciable e injustificado en el patrimonio» de Liuzzi debido a un «comportamiento indebido» del contador oficial Héctor Roccatagliata, al mostrarse renuente a aportar un «informe conclusivo» sobre el asunto.
La denuncia, hecha en 2012, sostenía que Liuzzi, ex número dos del secretario legal y técnico Carlos Zannini, aumentó en 38 veces su patrimonio desde 2003, cuando llegó a la Casa Rosada, hasta aquel año.
Inicialmente la causa estuvo en poder del juez Luis Rodríguez, que lo sobreseyó en 2016, pero la Sala II de la Cámara Federal ordenó seguir investigando y el caso pasó a Martínez de Giorgi.
Ahora el juez lo sobreseyó. El patrimonio de Liuzzi era variado, contaba con dos departamentos en Puerto Madero: por uno de los cuales abonó más de 800 mil dólares y por otro, más de 7,5 millones de pesos, este último junto con su esposa Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo.
Además, generó sospechas la adquisición de varias cocheras en el lujoso barrio porteño de Puerto Madero.
Es que también fue parte de la investigación su mujer, ahora sobreseída por el juzgado, ya que a su nombre se adquirió un departamento en la ciudad uruguaya de Punta del Este en 2011 por casi 900 mil pesos.
«Ahora bien, en esta investigación penal no pudo determinarse si existió un incremento apreciable e injustificado en el patrimonio de Carlos Emilio Liuzzi y su entorno familiar porque se carece de un informe pericial oficial conclusivo y determinante sobre el asunto. Y, ello obedece al comportamiento renuente del contador oficial Héctor Roccatagliata durante el curso del proceso», sostuvo el juez en su fallo.
El magistrado entendió que el perito oficial no cumplió con los plazos de entrega del estudio contable, por lo que fue intimidando en distintas ocasiones, y que al hacerlo no cumplió con el objetivo de analizar las sociedades involucradas.
En su fallo, el juez consideró que el contador oficial incurrió en un «comportamiento indebido».
De esta forma, el magistrado sobreseyó tanto a Liuzzi como a su mujer y a sus hijos.