El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, como subrogante del juzgado número dos de Lomas de Zamora, quedó a cargo de la denuncia contra Edesur que formuló la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
En ese expediente, que es paralelo a los que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, la fiscal Cecilia Incardona impulsó la investigación y propuso una serie de medidas de prueba, entre ellas, informes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) sobre «los anuncios de venta de los activos de ENER en las empresas Edesur, las centrales térmicas de Dock Sud y Costanera y la concesión hidroeléctrica El Chocón».
En ese contexto, también pidió «toda la información que registren relativa sobre la adquisición por parte de otras empresas de sus acciones y los valores y porcentajes de esos paquetes accionarios».
Incardona es la fiscal que tuvo a su cargo la investigación por espionaje ilegal durante el Gobierno de Cambiemos sobre opositores y aliados políticos, gremialistas, organizaciones sociales y hasta sacerdotes.
Kreplak, por su parte, tuvo a su cargo la causa por la «mesa judicial bonaerense», a raíz de una reunión en oficinas del Banco Provincia donde se habló de crear una «Gestapo sindical».
Ambos expedientes terminaron finalmente, por decisión de la Cámara Federal de Casación, aterrizando en Comodoro Py.
Esta nueva denuncia contra Edesur fue presentada el jueves pasado por el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, por los presuntos delitos de «entorpecimiento de los servicios de provisión de electricidad».
La fiscal Incardona propuso, como medidas de prueba adicionales, que el Ente Regulador (ENRE) «envíe inmediatamente el marco normativo de la concesión de la cual es titular Edesur S.A, para la prestación del servicio, que realice un informe explicando, de acuerdo a las concesiones.
También busca saber «cuáles son los roles funciones de las empresas CAMMESA, SACME, Edenor S.A., Edesur S.A. y el grupo ENEL, propiedad de Edesur, dentro de la provisión del servicio eléctrico, dónde opera cada una y qué concesión tienen, quiénes son los representantes ante el ENRE».
En cuanto a los antecedentes de la empresa, la fiscal reclamó informes sobre «multas y planes de obra que se impusieron a estas empresas en el último período, motivos, cuáles se realizaron, cuáles se encuentran incumplidos, informes sobre las auditorías que se realizaron, total de usuarios afectados y daños provocados al día de la fecha por los cortes de suministro iniciados en febrero de este año».
La fiscal solicitó a la Inspección General de Justicia «la remisión de copia del estatuto societario de Edesur S.A. y ENEL Spa, explicando quiénes son sus presidentes y directivos», ya que «resultan imputados los directivos de la Empresa Edesur y del Grupo ENEL Spa».
