Así lo revela el estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Si bien este fenómeno es multicausal, se señalan como principales motivos la guerra en Irán y la cuestión fiscal del sector. De trasladarse la totalidad del incremento del combustible a los usuarios, se requeriría una suba de la tarifa adicional del 16% aproximadamente.
La oferta de vehículos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30% en comparación con el nivel operativo regular. Esta disminución fue más pronunciada en los servicios interjurisdiccionales a cargo de la Nación y la Provincia, donde la caída llegó al 40%, baja que se vio parcialmente compensada por los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales registraron una merma del 5%.
Así lo sostiene el Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37, elaborado por Alejandro Einstoss y Julián Rojo del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
El estudio sostiene que el abrupto incremento en el costo del combustible, producto de la guerra en Irán, motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA. Asimismo, se aclara que pese a tratarse de una crisis motivada por factores coyunturales, subyacen motivos estructurales que explican este resultado. De hecho, la flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019 (2.359 coches menos).
Los autores del trabajo señalan que la discusión de fondo es de orden fiscal y supone una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones al mes, dado que los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1.744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2.100. Dicha carga no recae exclusivamente sobre Nación, dado que desde 2019 se reparte el financiamiento del transporte junto a los gobiernos locales y provinciales, sino que se distribuye del siguiente modo: $1.750 millones corresponden a CABA, $7.595 millones corresponden al Estado Nacional y $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires. De trasladarse la totalidad del incremento a las personas usuarias, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%, adicional a los incrementos preestablecidos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
