La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) recibió a representantes de distintos sectores pymes del país y coincidieron en avanzar en un plan de lucha conjunto el defender los puestos de empleo y la producción nacional en un contexto donde ya se contabilizan 27.000 cierres de empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo entre el sector público y privado.
“No vamos a frenar el industricidio provocado por Milei si las peleas las damos por separado. Esta reunión es muy importante porque nos permitirá articular entre nuestros sectores y unificar las medidas de fuerza”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
En este marco, el dirigente apuntó: “Los trabajadores no tenemos porqué estar confrontados con los empresarios de verdad, los que no son agentes del poder económico concentrado, los que se levantan a las 6 de la mañana y trabajan todo el día para sostener sus empresas”.
“Hemos definido una actuación conjunta en la acción gremial, en el plano judicial y también parlamentario para ponerle fin al desguace del Estado, al cierre de las empresas y a la pérdida de los puestos de trabajo tanto en el sector público como en el privado”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Junto a los empresarios pymes, el sindicato estatal coincidió en la importancia estratégica del organismo para la continuidad de las funciones que desarrolla al servicio de la producción nacional, así como en la necesidad de defender cada uno de los puestos de trabajo vinculados a esas tareas.
Abordaron la crítica situación que atraviesan distintos sectores industriales e hicieron hincapié en la necesidad de articular acciones conjuntas con usuarios y consumidores, que son los destinatarios finales del control que ejercen el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y todos organismos de control y regulación estatal.
En este marco, resaltaron el peligro de que la metrología legal deje de estar en manos del INTI desde el 1 de julio de, ya que esta decisión pone en peligro las garantías de control estatal sobre mediciones cotidianas ante la ausencia de un Estado que proteja a las mayorías populares. Se trata del área a cargo de certificar y controlar el correcto funcionamiento y medición de los equipos de alcoholímetros, fotomultas, balanzas comerciales, surtidores de combustible y la seguridad e higiene de vacunas y medicamentos.
El sindicato junto a los referentes del sector textil e industrial definieron avanzar en una estrategia conjunta y coordinada en los ámbitos judicial y político. Esta podría incluir la presentación de recursos de amparo junto al sindicato y la convocatoria a todos los sectores afectados, consolidando una alianza entre la producción y los trabajadores como sujeto político frente a la crisis.
La reunión contó con la presencia de distintos empresarios pymes, tales como: Carlos Norrih (PyMESUR / MP25M), David Selser (Confederación General Económica / MP25M), Julián Moreno (presidente de APYME), Luciano Galfione (Fundación ProTejer), Rodolfo Libermann (TikvaTex, vicepresidente APYME), Lucía Knorre (Fundación ProTejer), Jorge Karagozlu (KaraTex SA, Centro de Investigación INTI), Alberto Héctor Melo (CaRePe), Paola Benítez (CaRePe) y Marcelo Baldivieso (CaRePe).
