Un grupo de senadores nacionales del bloque Justicialista, encabezado por Ana Marks, presentó hoy un proyecto de resolución que solicita la comparecencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, para que aclaren el uso de los recursos del Sistema Vial Integrado y la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial.
Esta propuesta cuenta con el respaldo de los senadores Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Mariano Recalde, Martín Soria, Daniel Bensusán, Florencia López, Cristina López, Adán Bahl, Lucía Corpacci y Jorge Capitanich.
Dicha iniciativa exige que ambos funcionarios ofrezcan un informe detallado sobre el desvío de fondos destinados a la infraestructura vial hacia otras inversiones financieras, así como el bajo nivel de utilización del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, en un contexto marcado por el continuo deterioro y la falta de atención hacia las rutas nacionales.
El texto del proyecto resalta que los recursos generados a partir del Impuesto a los Combustibles Líquidos tienen asignación específica al financiamiento de obras viales.
En ese sentido, se cuestiona fuertemente que el Gobierno haya redirigido parte de esos fondos a operaciones financieras, a pesar del evidente deterioro de las rutas y la paralización de numerosas obras.
En los fundamentos de la iniciativa, se detalla que entre 2024 y los primeros meses de 2026 se recaudaron cientos de miles de millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, aunque el monto ejecutado para obras viales resultó ser mucho menor.
Según se precisa, en los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron 450.500 millones de pesos, de los cuales solo se utilizaron $83.144 millones, lo que representa apenas el 18,5% del total.
“Es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía expliquen el desvío de los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para prevenir accidentes y promover el desarrollo de nuestras comunidades, y no para actividades especulativas”, manifestó Marks.
“Mientras las familias y los productores continúan pagando impuestos incorporados en el precio de los combustibles, nuestras rutas se deterioran y los proyectos de obras están estancados”, lamentó.
En esa línea, consideró que “el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar dónde están esos recursos y por qué no se utilizan para asegurar rutas seguras y transitables”.
La senadora enfatizó que esta demanda no se restringe a una simple discusión sobre presupuesto, sino que busca promover la transparencia en la gestión de fondos específicos y defender la infraestructura vial necesaria para el bienestar de las provincias y sus comunidades.
Agencia NA
