La comunidad de la Escuela Generativa Darwin, de la ciudad puntana de La Punta, difundió el 15 de septiembre una carta abierta al gobernador Claudio Poggi y al ministro de Educación, Guillermo Araujo, en la que advirtió que la continuidad de una institución con más de 200 estudiantes quedó comprometida por el financiamiento provincial y por el rechazo al cambio de modalidad administrativa solicitado al Ejecutivo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la institución declaró un aporte estatal mensual de $3.829.799,98 para sostener los niveles inicial, primario y secundario, pagar a cuatro trabajadores bajo régimen de monotributo, afrontar servicios e impuestos y mantener el edificio.
La coordinadora Miriam Mocdece señaló además que el plantel se redujo de 34 a ocho personas desde la transformación del proyecto.
La novedad concreta es la carta pública dirigida a las máximas autoridades provinciales y la formalización del rechazo ministerial al traspaso. El problema tiene antecedentes: la escuela funcionó durante 16 años como privada, atravesó una quiebra en 2020 y, mediante un convenio con el Estado, adoptó la modalidad generativa. La comunicación oficial de aquel acuerdo confirmó que mantendría los tres niveles educativos bajo el nuevo esquema.
La Asociación Educativa La Punta cedió el inmueble en usufructo y el Estado asumió aportes de la unidad de subvención escolar y compromisos vinculados con las refacciones. La comunidad sostuvo que, bajo el sistema vigente, percibe cerca de $20.000 por alumno, mientras una escuela autogestionada recibiría alrededor de $200.000.
Esas dos comparaciones corresponden a la denuncia institucional y no fueron publicadas por el Gobierno como una tabla oficial comparativa.
El reclamo también describió condiciones edilicias concretas. El edificio principal, donde cursa aproximadamente el 80% de la matrícula, no posee cisterna y depende de la presión directa de la red.
Después de las 10, según la coordinadora, el personal debe trasladar agua en baldes para higienizar los sanitarios. La escuela agregó que el dinero no alcanza para insumos elementales, fotocopias y mantenimiento.
La comunidad afirmó que durante casi dos años presentó notas y cumplió exigencias técnicas, jurídicas y contables para pasar al modelo autogestionado. De acuerdo con la versión difundida, Araujo y funcionarios de su cartera denegaron el cambio y exigieron una matrícula de entre 300 y 350 alumnos, condición que la asociación considera incompatible con el sistema de agrupamientos reducidos.
La decisión del Ministerio constituye la respuesta oficial conocida al trámite administrativo. En cambio, el portal del Gobierno provincial no difundió una contestación específica a la carta durante la revisión de esta nota.
Esa ausencia no convierte en probados todos los señalamientos de la escuela, por lo que las cifras de aportes, dotación y comparación entre modelos se mantienen expresamente atribuidas a la comunidad educativa.
Agencia NA
