Luego de que se adjudicara el traspaso de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al holding Rowing-Arcos-Transclor-PHX por US$340,2 millones, el Gobierno continúa con el esquema deprivatizaciones previsto en la Ley Bases y se prepara para afrontar los siguientes pasos en empresas de distintos sectores.
El Ejecutivo mantiene los lineamientos del plan de privatizaciones que impulsó en 2024, cuando se aprobó la Ley Bases y Puntos de Partida. Dentro de esa ley se detallan distintas compañías que el Gobierno planea trasladar a manos del sector privado.
Belgrano Cargas
El Gobierno convocó a la licitación para concesionar, por 50 años, las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza. Desde la administración central apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en nfraestructura ferroviaria.
Las estimaciones oficiales proyectan un plan de obras ferroviarias cercano a los US$800 millones, que incluye renovación y duplicación de vías, rehabilitación de ramales fuera de servicio, renovación integral de puentes y alcantarillas, modernización de señalamiento y telecomunicaciones, electrificación en tramos seleccionados, mejoras en pasos a nivel y desarrollo de nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobras.
Del lado de la demanda, el proceso despertó interés de grandes jugadores del agro y la minería, además de grupos internacionales especializados en operación ferroviaria. Entre los nombres que se mencionaron en el mercado aparecía Grupo México, operador de ferrocarriles de carga en su país, que manifestó disposición a invertir del orden de US$3.000 millones siempre que sus proyectos puedan acogerse al RIGI y cuenten con garantías de estabilidad regulatoria.
El cronograma oficial prevé que las adjudicaciones finales se tramiten para abril o mayo de 2027. A partir de entonces, los nuevos concesionarios deberán iniciar la ejecución de los planes de obra comprometidos, bajo supervisión delEstado y con el fideicomiso como fuente de financiamiento complementaria.
Intercargo
Dentro del sector aeronáutico, el Gobierno tiene en mente continuar con la privatización de Intercargo, luego de haberla declarado desierta tras no haber recibido ofertas por la compañía.
El final vacante de la operación, que tenía un precio base de US$45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta por parte de inversores nacionales o internacionales. Ante este escenario, la Comisión Evaluadora de Ofertas «ad hoc» recomendó dar por finalizado el procedimiento actual sin éxito.
Ahora, el Ejecutivo deberá evaluar los pasos a seguir respecto al futuro de la firma que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas. En lo que va de la gestión de Javier Milei, se autorizó la operación de varias empresas que ofrecen el mismo servicio, tras la desregulación del sector.
A pesar de este resultado negativo en el proceso licitatorio, el marco legal vigente bajo los decretos 695/2024 y 198/2025 mantiene la autorización para que Economía continúe buscando los mecanismos operativos para concretar la transformación o venta de la empresa en el futuro. Por el momento, Intercargo seguirá en manos del Estado.
ENARSA
En esta compañía, el Gobierno autorizó la segunda etapa del proceso de privatización y llamó a licitación pública para transferir sus acciones en tres centrales termoeléctricas.
La venta de activos abarca la participación accionaria estatal que administraba la empresa pública en tres fideicomisos de generación eléctrica creados en la última década:
- Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.): se autorizó la venta del 65,01% del capital social, correspondiente a la totalidad de los títulos pertenecientes a ENARSA.
- Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.): el Estado pondrá a la venta el 68,83% del capital social.
- Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.): en este caso, la licitación se ejecutará una vez concretada la liquidación del respectivo fideicomiso y la correspondiente incorporación formal de ENARSA como accionista de la sociedad, cuyo plazo de extinción está fijado para el 30 de septiembre de 2026.
El capital social restante en estas comañías continúa en poder de las empresas generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que integraron originariamente el Fondo FONINVEMEM.
Cómo quedó la privatización de AySA
En la última semana se conoció que el holding compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX se quedará con el 90% de las acciones de la empresa de distribución de agua y de saneamiento cloacal.
Rowing es una empresa argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales, que se especializa en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de energía, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles y arquitectura, y saneamiento urbano. La firma ya tiene experiencia siendo prestadora del sector público.
La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien conoce lo que es hacer negocios con el Estado y forma parte de una familia con nexos con el oficialismo. En lo particular, aportó con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.
El consorcio que encabeza Rowing también tiene como protagonista a Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, que es el proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que se usa para potabilizar el agua, siendo el insumo más importante que consume AySA.
En paralelo, Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene como principal cliente a AySA.
Agencia NA
