Un organismo que depende de la Corte Suprema aportó a la causa en la que se investiga a la «mesa judicial» del gobierno de Cambiemos un documento que muestra los hostigamientos a través de medios de comunicación y redes sociales a jueces y fiscales cuyas decisiones incomodaban a la administración del ex presidente Mauricio Macri.
Entre los personajes que aparecen denostados y cuestionados por funcionarios del gobierno de Cambiemos sobresalen la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, la actual jueza de Casación Ana María Figueroa, el camarista federal Eduardo Farah y el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.
La lista de los que los descalifican está encabezada por Macri, pero la integran también Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y el ex ministro de Justicia Germán Garavano, entre muchos otros.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJuDeCO), que depende de la Corte, le envió al fiscal Franco Picardi el informe en la causa 52956/2019, caratulada «Macri, Mauricio y otros s/ Asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles».
«El objeto del presente informe se circunscribe a la confección de estudios técnicos de búsqueda en fuentes abiertas a fin de exponer los resultados sobre ‘manifestaciones directas de carácter público … de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o Personales’», explica el documento, de 326 páginas.
A través de gráficos, citas, reproducciones de notas periodísticas y posteos en redes sociales, el trabajo muestra cómo los funcionarios y dirigentes del anterior gobierno acosaron públicamente a funcionarios judiciales como los jueces Martina Forns, Diana Cañal, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Luis Rafagheli, Marcela Pérez Pardo, Mirta González Burbridge y Eduardo Freiler.
En el caso específico de Gils Carbó, a quien el informe le dedica una extensa cantidad de páginas, sobresale un gráfico de «identificación temporal de las manifestaciones», que muestra que en 2015 y 2016 el índice de menciones llega a nivel 1; en junio de 2017 trepa a nivel 3; al mes siguiente crece exponencialmente hasta 15 y poco después se produce la renuncia de la procuradora.
En diciembre de 2017, con Gils Carbó ya afuera de la Procuración, el índice de «manifestaciones» vuelve a descender a 1.
La causa por la «mesa judicial» está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Picardi.
