No anda bien el equipo del papa Francisco. San Lorenzo pena en lo deportivo y en lo financiero y, en ese último ítem, poco se sabe del accionar reciente de sus dirigentes. Y, mucho menos, se conoce lo que está pensando su tesorero, Carlos Rosales.
Por Antonio D´Eramo.
En tiempos de bonanza y de adquisición de empresas Rosales, que creció patrimonialmente y adquirió en la última década compañías como Compumundo, Garbarino, Garbarino Viajes, la financiera Fides, las plantas Digital Fueguina y Tecnosur; el grupo asegurador Prof y radio Continental, solía mostrarse en su palco de la platea norte baja del Nuevo Gasómetro desde donde, habitualmente, seguía las actuaciones de su equipo favorito.
Un sector VIP, ploteado con el logo de su aseguradora y empresa preferida, Grupo Prof, que hoy se encuentra en un momento delicado que solo puede ser superado con una capitalización en la tradicional compañía de seguros.
Sus contactos en el fútbol y en la política -fue funcionario de Daniel Scioli y tiene buena llegada a referentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio- lograron hacerlo trascender o hacerse un nombre en el ámbito de los negocios, cuestión que, según los que lo frecuentan, siempre buscó.
Su personalidad ambiciosa y audaz esconde una necesidad de reconocimiento de los otros, según aquellos que lo conocen desde hace años.
Pero, en muchas ocasiones, malas decisiones de management, apariciones de crisis inesperadas, como la pandemia y cuarentenas decretadas por el coronavirus, y una economía recesiva pueden terminar por poner punto final a una carrera empresaria que ascendió muy rápido.
En el club de Boedo algunos dicen que es testaferro de Marcelo Tinelli, prácticamente un insulto para Rosales, que se jacta de haber comenzado como delivery en una pizzería para pasar a amasar una fortuna tiempo después.
Precisamente, ese pasado humilde es la principal causa de sospecha por la que se lo relaciona con el popular y exitoso conductor de televisión.
Especulaciones acerca de su ascenso patrimonial al margen, lo cierto es que llegaron los malos tiempos para sus empresas y sus obligaciones y son varios los consultados por NA que ante la pregunta sobre los próximos pasos de Rosales contestan con otra pregunta: «¿Vos sabes dónde está? Porque por acá no vino más».
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La falta de dinero de la raíz de todo mal.
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La frase del subtítulo pertenece al irónico e inimitable escritor y aventurero estadounidense Mark Twain y podría resumir la situación financiera actual de la Argentina o de las empresas de Rosales.
Así como a la Nación Argentina no le presta nadie -basta con ver el índice de riesgo país para que el ciudadano se anoticie de esta situación-, Rosales no está encontrando socios que capitalicen sus compañías en tiempo y forma para evitar una debacle total que tiene, por el momento, a la Justicia comercial como principal actor a la hora de decidir su futuro.
En el caso de la tradicional compañía de retail Garbarino y sus subsidiarias, la situación presenta varias aristas. Por un lado, los letrados de Rosales presentaron un concurso preventivo que se tramita ante la Justicia.
Por el otro, encabeza una compulsa de interpretación legal frente a las autoridades del Ministerio de Trabajo nacional por los 1.800 trabajadores despedidos, a los que les han llegado los respectivos telegramas, en los que se especifica que «la empresa ha registrado una abrupta caída de las ventas, que empezó a manifestarse a partir de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, que continuó durante lo que va del año; que se promovió un procedimiento preventivo de crisis de empresas, y se hicieron todos los intentos posibles a través de la venta on-line, pero que ello no permitió paliar la baja rentabilidad causada a partir de las restricciones de circulación que fluctuaron entre el confinamiento total, las limitaciones de horarios de los locales comerciales, el cierre de shoppings donde se encuentran varios de los más importantes locales de venta al público, rescisiones de contratos de alquiler, falta de mercaderías».
La cartera laboral dictó, inmediatamente, la conciliación obligatoria, e intimó a la empresa Garbarino S.A. a retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando sin efecto los despidos producidos por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio mientras que, el grupo económico que dirige Rosales, planteó la inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia 329/2020 y sus sucesivas prórrogas, que prohíben los despidos sin causa, o por causa de fuerza mayor o falta de trabajo, «por atentar contra normas de jerarquía superior (…) y violentar así los principios y garantías amparados por la Constitución Nacional, cercenándose en forma continua los mismos».
Es interesante recordar, como citamos en NA previamente, que varios de los que avalaron la llegada de Rosales a Garbarino se encuentran enrolados en la dirigencia mercantil que conduce Armando Cavalieri.
Los hermanos Omar y Daniel Garbarino acudieron «en consultas» en 2020 a dirigentes cercanos a Cavalieri para acelerar un proceso de transferencia de la cadena de electrodomésticos que lleva por nombre sus apellidos. Tan solo un directivo del management de los hermanos Garbarino, que figuran entre las personas que más dinero blanquearon durante la amnistía fiscal de 2016, se quedó trabajando con Rosales.
Se trata del histórico CEO de la empresa, Carlos García, que finalmente se retiró el 15 de septiembre pasado marcando el comienzo de un final previsible para la compañía de retail.
Los temores tan presentidos por los delegados sindicales, que han comenzado a llamar a Rosales como «el señor de los despidos», se hicieron realidad y los telegramas empezar a llegar a los domicilios de miles de trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral. El día previo a las elecciones legislativas, el correo tocó a la puerta de 1.800 empleados, anoticiando del cierre definitivo de 105 locales en todo el país.
En algunos casos la situación se tornó trágica por la falta de cobertura de salud para esos mismos trabajadores. Los delegados más combativos que critican tanto a los ejecutivos como al sindicato mercantil principal, informaron que el miércoles 17 de noviembre pasado Gabriela Molinero, de 46 años y trabajadora durante 23 años de la empresa Garbarino, con 15 años de antigüedad en la sucursal de Monte Grande, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, falleció luego de pelear contra un cáncer de mama.
Incluso el último mes se agravó su salud , ya que le diagnosticaron leucemia.
Voceros de los trabajadores señalaron a NA que en plena pandemia les pagaron sueldos atrasados en cuotas y les quitaron la cobertura médica. Hubo un caso que trascendió en redes sociales.
Soledad Barzola, trabajadora de Garbarino de la zona oeste, transitaba un embarazo de riesgo y no tenía los aportes realizados en la obra social. Esta situación solo se hizo conocida luego de que Soledad hiciera una denuncia por redes y sus compañeros lanzaran una gran campaña solidaria de recolección de fondos.
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«Millones de dólares fugados a paraísos fiscales».
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En Escobar, hace unos pocos días, la cadena de electrodomésticos cerró su enorme local por el plan de ajuste anunciado. «Empresarios inescrupulosos fundieron a la empresa número 1 en Argentina fugando millones de dólares a paraísos fiscales. En estos momentos estamos recibiendo telegramas de despidos masivos», denunció en su página de Facebook Gabriel Yapura, un vendedor con 15 años de antigüedad en la sucursal ubicada en El Portal de Escobar, el predio donde están emplazados dos grandes hipermercados.
Para los dirigentes sindicales mercantiles, que llevan las actuaciones en el Ministerio de Trabajo, las razones invocadas por el grupo económico en los telegramas de despido no configuran causa de fuerza mayor porque el empleador detenta el poder de organización y el poder disciplinario dentro de una empresa, debiendo asumir el riesgo empresario, previendo las contingencias de las actividades que se realizan y a las que se encuentran ligados los 1.800 trabajadores echados.
Letrados del sindicato de comercio señalaron que «el trabajador no participa en la dirección de la empresa y no puede cargar con las consecuencias de la asunción del riesgo, por cuanto la compañía ha sido organizada y es dirigida por el empleador, Carlos Rosales, y su equipo».
La cuestión judicial de Compumundo es similar en varios aspectos a Garbarino y su expediente de concurso preventivo se tramita en el Juzgado Comercial N° 7. Garbarino, en el N° 14.
A esta situación se llegó cuando la compañía de venta de insumos informáticos no consiguió interesados en adquirir el 51% de su paquete accionario en una subasta realizada el pasado 15 de septiembre. El remate de 58.650.000 acciones equivalentes a más de la mitad del capital social de la empresa no funcionó y no pudo recaudar dinero para capitalizar la compañía.
En búsqueda de dinero y de fondos se encuentra abocado Rosales, pero para salvar a su empresa insignia. El grupo asegurador Prof, que auspicia a San Lorenzo, aunque también supo hacerlo con los clubes de fútbol Colón y Unión de Santa Fe; Temperley o el equipo de básquet Estudiantes de Concordia.
El grupo asegurador Prof (Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada) expone su futuro a la decisión de la Justicia luego de apelar las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Las decisiones de la superintendenta, Mirtha Adriana Guida, del 16 de septiembre primero y del 12 de octubre después pusieron a la aseguradora al borde de la liquidación.
La funcionaria nacional había advertido por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar en su resolución del mes de septiembre, un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las compañías del rubro que se desempeñan en el mercado nacional, por la que dictó una inhibición general de bienes que le impidió a la empresa aseguradora realizar actos respecto de sus inversiones.
El segundo paso adoptado por Guida fue peor para el futuro de la aseguradora y fue la piedra de toque del inicio de las hostilidades judiciales de los directivos de la empresa contra los funcionarios del organismo gubernamental. La Resolución 725/2021, publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre pasado, da cuenta de la prohibición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para que Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada emita nuevos contratos de seguros.
En los considerandos de la Resolución, la SSN afirmó que su decisión se basó en el hecho de que la compañía presentaba un déficit de capital mínimo de más de $500 millones, (exactamente $543.806.153) y también una pérdida en el cálculo de cobertura de más de $900 millones ($905.966.781, en cifras precisas)».
La estrategia de Rosales fue la de judicializar la resolución.
En los hechos el dueño de Garbarino podría haber capitalizado la compañía en un plazo lógico de tiempo, pero nada de ello ocurrió y en los primeros días de noviembre concurrió a Tribunales para apelar la medida de la SSN.
El rápido ascenso en el mundo de los negocios de Rosales está teniendo su correlato en el descenso. Necesita hallar inversores para salvar a sus empresas y dicen algunos que lo asesoran «que está en eso y que pronto va a aparecer en escena con buenas noticias». Sin embargo, para muchos sindicalistas, dirigentes de la política, integrantes del mundo asegurador e hinchas fanáticos de San Lorenzo consultados por NA la conclusión es unánime, «se borró».