A pesar de ser la primera reunión del año realizada en un contexto sumamente complejo para la vida diaria de los trabajadores que, casi en su totalidad, tienen dificultades serias para llegar a fin de mes por la presión inflacionaria de la economía nacional, no se previó la realización de una conferencia de prensa que explicara los pasos a seguir para luchar contra la pérdida del poder adquisitivo.
Por Antonio D´Eramo.
Sólo la buena voluntad o la vergüenza que le dio a Héctor Daer, que junto a Pablo Moyano y Carlos Acuña conducen la CGT, permitió que se bajara unos minutos de su camioneta 4×4 para informar los temas tratados.
El sindicalista de la sanidad que dirige junto a Carlos West Ocampo, de 78 años de edad, el gremio y la Federación de entidades del rubro, tiene presencia ininterrumpida en la vida sindical, en los máximos puestos de conducción desde hace 37 años.
Una marca similar a la de su hermano Rodolfo Daer, del gremio de la alimentación que condujo la entidad de la calle Azopardo en dos períodos, y tiene plena vigencia en sus funciones desde los albores de la democracia, en 1984.
Hubo unanimidad de criterio a la hora de respaldar paritarias libres, sin techos para recomponer los salarios y que el gobierno ha lanzado desde el 1 de abril pasado. Tanto en el tercer piso del edificio de la CGT poblado de sindicalistas que se referencian en la familia Moyano como entre los que habitan el cuarto piso de la sede sindical donde se ubican los que dialogan con más asiduidad con el garagista, Carlos Acuña y el propio Héctor Daer, no hubo quejas a la declaración «oficial» que realizarían Daer y el canillita y senador oficialista provincial, Omar Plaini.
«Hemos coincidio y planteamos que el sector trabajador no quiere bonos. Queremos paritarias libres en la temporalidad de cada uno de los tramos como también con respecto a los valores que se vayan recuperando de acuerdo a las posibilidades de cada una de las actividades», afirmó Daer, quien en el día que se conoció de manera oficial que una familia tipo, dos adultos y dos menores, necesitaron 89.690 $ para adquirir adquirir una canasta básica y no caer en la pobreza, explicó: «Nosotros tenemos una preocupación que es la que venimos sosteniendo desde hace tiempo y por eso que haya salido un bono para los sectores más vulnerables, que se hayan abierto y convocado a las paritarias, son hechos que tienen que ver con esta insistencia permanente del movimiento obrero organizado para que se planteen las soluciones necesarias para que los trabajadores puedan acceder a la canasta básica».
Por su parte, Omar Plaini, aseguró que muchos compañeros «plantearon que cada organización sindical va a discutir en su contexto los incrementos salariales. Algunos sindicatos arrancaron discutiendo en torno del 45% y, hoy por hoy, hay algunos que negocian por encima del 60% de aumento. A nosotros nos parece que si las paritarias resuelven de alguna manera el problema que tenemos de la perdida del valor adquisitivo iremos por el buen camino. Si eso no ocurre, entonces habrá que analizar la posibilidad de un aumento generalizado».
Existen medidas de fuerza convocadas por sectores de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) y por la Bancaria ¿están marcando el camino de una mayor conflictividad social? quiso saber NA. A lo que Plaini sostuvo, «ese tema pertenece a cada organización y no son las únicas, también, han convocado a medidas de fuerza los trabajadores marítimos y portuarios, y el tema es que lo formadores de precios no cesan en sus remarcaciones. Mientras nosotros estamos discutiendo paritarias ellos comienzan a subir los precios para cubrirse».
Un aumento generalizado ¿cómo podría realizarse? ¿hay antecedentes cercanos de esta medida?.
Para Plaini existe un ejemplo, «el que acaba de ocurrir en el Parlamento para todos los trabajadores legislativos. Se pusieron de acuerdo el titular de Diputados y la vicepresidenta en el Senado y se otorgó un aumento de 20.000$ para los trabajadores legislativos. Pero primero intentaremos que las paritarias sean suficientes. Ahora bien, la dinámica de los precios no la podemos conocer y si terminan por ser insuficientes tendremos que discutir si habrá que sumarle un aumento generalizado. Que a diferencia de un bono, que es coyuntural y no va a lo contributivo, puede ser una solución».
Acerca de los formadores de precios, Héctor Daer afirmó «no hay que observar tanto lo que ocurre en la base de la producción sino en la cadena que es donde se van produciendo los incrementos. Los formadores son pocos en la Argentina por lo que hay que realizar un seguimiento concreto en la cadena de valor».
Para Plaini, «hay un gobierno que trata de acordar y consensuar. Pero para mi es insuficiente. El gobierno va a tener que intervenir en algún momento regulando más porque no paran de remarcar».
Entre las medidas gubernamentales se ha lanzado la iniciativa parlamentaria de la creación de un nuevo impuesto, esta vez, a las «ganancias extraordinarias» que se producen por el contexto de guerra en el este de Europa. Para Héctor Daer es una iniciativa que la CGT apoya porque «no debería asombrar a nadie si desde el Estado se está analizando a los sectores que han depositado dinero en otro países y no están tributando y acerca de los sectores exportadores que han aumentado sus valores en más de un 39% producto de la inestabilidad internacional.
Este hecho ha generado una renta extraordinaria e inesperada y que se trata de una ganancia que solidariamente debería repartirse. Porque así como los productores del país se ven beneficiados por la suba de precios a nivel mundial de los commodities esos incrementos repercuten en la mesa de los argentinos. Lo que los trabajadores consumen se encarece también por el desconcierto internacional».
Las deudas millonarias de las obras sociales se llevaron la mayor cantidad de tiempo de la reunión. José Luis Lingieri, «Mr.
Cloro», así lo apodaron en el mundo sindical. Llegó a manejar el gremio de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) cuando Carlos Menem decidió privatizarla y todavía sigue a cargo del sindicato que dirige desde 1985. Fue el encargado de exponer ante sus pares la grave situación de las obras sindicales post pandemia de coronavirus.
De mínima la CGT negociará con la administración de Alberto Fernández una compensación para saldar parte de la deuda global de las obras sociales que alcanzaría los 40.000 millones de pesos. De máxima intentarán una una reforma del sistema de salud que permita el financiamiento de las obras sociales sindicales y que implicaría el funcionamiento del sistema prepago de salud.
En principio, los sindicalistas acordaron avanzar en el pedido de un decreto para que los monotributistas aporten el mismo porcentaje que pagan los trabajadores registrados. Este pedido no es nuevo y se remonta en el tiempo desde que las obras sociales sindicales tienen la obligación de afiliar a los monotributistas.
Lingieri explicó que el monotributista suele abonar entre un 50% y un 55% menos que un trabajador registrado y por ello buscarán que el Estado termine por pagar la diferencia. Grandes gremios de servicios como los mercantiles tienen un 30% de monotributistas entre sus adherentes a la obra social, OSECAC. La Uocra (gremio de la construcción) que conduce Gerardo Martínez de manera ininterrumpida desde 1990, mismo período que el secretario general de UPCN (gremio de estatales de la Nación), Andrés Rodríguez tienen, en sus servicios médicos gerenciados, cerca de un 25 % de afiliados que son monotributistas.
Si la relación con el Gobierno nacional puede tensarse de manera imprudente no será por las cuestiones salariales sino por las pérdidas que devoran recursos a diario y que son generadas por las obras sociales sindicales desfinanciadas.